El fiscal adjunto de la Corte Suprema de Justicia (Consejo de Estado) ordenó a sus fiscales subordinados intervenir directamente y de oficio y reprimir, junto con la Policía, las ocupaciones de universidades, ministerios y otros edificios públicos, y cumplir con el procedimiento de flagrancia, en el caso de que los ocupantes se nieguen a evacuar el edificio o permanezcan en su interior por mucho tiempo o se hayan provocado daños, desde luego como ellos son entendidos por el Poder y son presentados por los medios de de lavado de cerebro masivos.

Los fiscales locales serán los que determinarán si las Autoridades universitarias y los directores de las corporaciones estatales (llamadas públicas por el susodicho fiscal…) muestran tolerancia y si, a causa de esto, cometen el delito del “incumplimiento de deberes”.

Dado que las ocupaciones de ministerios y otros edificios públicos o tienen un carácter más bien simbólico y duran unas horas, o en general duran de uno a dos días, se puede evaluar lo del “cese de dichos servicios o de la perturbación del buen funcionamiento de las corporaciones” mencionado en el ordenamiento fiscal, y entender que el Régimen se siente inseguro y por medio de una de sus muletas, muleta llamada poder judicial, se está fortaleciendo aún más, reforzando su arsenal jurídico. Es evidente que su objetivo principal son las ocupaciones de escuelas secundarias y universidades, y en segundo lugar las ocupaciones de otros edificios públicos, las cuales por supuesto van a ser reprimidas igual que las otras, siempre que no sean masivas y combativas. En el ordenamiento fiscal se hace una mención especial a la abolición del asilo universitario, con las respectivas recomendaciones para la represión inmediata de las ocupaciones.

Con el pretexto de las ocupaciones de edificios públicos, se pretende reprimir todas las reacciones y resistencias sociales al totalitarismo. La novedad en esta noticia es que ya no se requiere una demanda para la intervención policial, sino que los fiscales podrán intervenir por su cuenta y cumplir con el proceso de flagrancia  ya que la ocupación de un edificio público por parte de ciudadanos constituye un delito de perturbación de paz pública. ¿De qué paz pública se está hablando, si el Régimen ha declarado la guerra a la sociedad? Sólo los fiscales y los otros siervos del Sistema podrido podrían recurrir a un pretexto tan estúpido para revestir y encubrir sus verdaderos objetivos.

No podrían faltar los rufianes de esta historia. El fiscal de la Corte Suprema ordenó a los fiscales que soliciten la colaboración de los directores de las corporaciones estatales y de los rectores de las universidades ocupadas, es decir, de los mayores parásitos y burócratas nutridos del Estado, con el fin de poder detectar la identidad de los ocupantes. En un crescendo de hipocresía se refiere a las responsabilidades de los directores de estas corporaciones, los cuales deben “asegurar el buen funcionamiento de ellas y la atención a los ciudadanos, y salvaguardar el interés público en general.” Es obvio que lo estatal no se identifica con lo público y que en una sociedad clasista el concepto del interés público o común es inexistente. Sin embargo, cada fiscal sirve a esta sociedad, y por consiguiente se esfuerza por perpetuar este sistema social.

La respuesta a todos estos parásitos, a los siervos del Sistema bien pagados por sus servicios y a todos los gobernantes, son ocupaciones y huelgas masivas y combativas en todas partes. Entonces se van a enterar de cómo el “interés público” que tan a menudo utilizan en sus escritos, tergiversando su significado, puede volverse contra ellos, con unas consecuencias imprevistas…

 

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