No peajes, carreteras libres para todos

Es una historia muy simple. El Estado concede la construcción y la explotación de la carretera de circunvalación de Atenas a un consorcio de empresas privadas, durante 23 años. Este coge un préstamo a un banco para llevar a cabo la obra y luego nos cobra unos peajes altísimos. Independientemente de la duración del contrato, el consorcio tendrá que entregarle la explotación de la obra al Estado cuando se haya realizado el reembolso del fondo propio invertido, plus los intereses igual de altos que los peajes. El consorcio funda una red de empresas filiales, a las que reparte tareas, así que sus ingresos de la explotación de los peajes aparezcan como gastos. La Justicia considera el contrato entre Estado y consorcio “leonino”, en perjuicio del interés público, y el mismo Ministerio lo califica un chantaje, pero el Estado se niega a denunciarlo recurriendo a la vía judicial… En cambio, el gobierno promulga una ley, según la cual la falta de pago de los (muchísimos y altísimos) peajes en toda Grecia es una infracción del Código de Circulación y puede ser multada con 200e, siempre que sea atestiguada por un policía de tráfico. ¡El consorcio interpreta la ley como le da la gana y como si fuera una autoridad (¿acaso el Capital y el Estado no son hermanos gemelos?) les pide a los conductores que se niegan pagar el peaje o no pueden pagarlo) sus datos! Y lo mejor: aún hay gente que se ha tragado la propaganda de que se deben pagar los peajes por el bien común y que el Estado es el garante de este “bien común” y el protector del ciudadano

A continuación publicamos la traducción de un texto de la Iniciativa “No Pago”, en el que se explicita, en una breve crónica, esta escandalosa historia. El título del texto original es “¿Quién pagó el pato para que se construyera la Vía Ática?”.

El primero- y único con respecto a sus condiciones– de los contratos de concesión, fue él que se firmó entre el Estado y el Consorcio “Attikí Odos S.A.”, para la construcción de un tramo de 65 km de la carretera de circunvalación de Atenas (Vía Ática). El contrato de concesión fue firmado en 1996 y fue ratificado con la Ley 2445/1996.

El costo de la construcción de este tramo de la carretera de circunvalación de Atenas (Vía Ática) fue distribuido de la siguiente manera:

– El 32% (420 millones de euros) fue abonado por el Estado junto con la financiación de la UE, es decir que lo hemos pagado nosotros, los ciudadanos.

– Alrededor de 675 millones de euros corresponden a los préstamos conseguidos por el consorcio, con la garantía del gobierno griego. Esto que significa que si algo sale mal con el pago, el banco (que ha concedido el préstamo) cobrará el dinero al Estado, es decir, a nosotros. Si todo va bien, (el banco) cobrará el dinero de los peajes, o sea otra vez a nosotros.

– Alrededor de 175 millones de euros fue el fondo propio de la participación del consorcio que tiene a su cargo la explotación de la Vía Ática. Para quitarle al consorcio la explotación de la Vía Ática, habrá que devolverle el fondo propio (o sea los 175 millones de euros) con un rendimiento promedio de un 11,6% anual hasta el reembolso final.

En el contrato de concesión se establece que la explotación de la autopista por el consorcio contratista puede durar hasta 23 años. La Vía Ática será entregada por el consorcio al Estado siempre y cuando se haya realizado el reembolso del fondo propio (es decir, los fondos que invirtió el consorcio en la obra, es decir 175.000.000 de euros), con un rendimiento mínimo del 11,6%, independientemente de la duración máxima del contrato.

Nota importante: ¡Por primera y única vez, el rendimiento susodicho del 11,6% está calculado sobre el beneficio neto a partir de los datos presentados por la misma empresa contratante! Esta empresa, hasta hoy procura no presentar beneficios, utilizando unos métodos aparentemente sencillos y legales, pero no morales y justos.

En concreto, hasta la fecha de hoy los ingresos totales en los 8 años de funcionamiento de la Vía Ática han superado los 1,7 mil millones de euros, lo que significa que han superado no sólo el importe de los fondos propios, del rendimiento anual acordado y de los préstamos, sino también el costo total del proyecto. Sin embargo, no se han activado las condiciones 1, 2, 3, 4 del contrato, ya que el consorcio ha creado toda una red de filiales (Attiká Diodia SA, Attikés Diadromes SA, Attikí Stathmí SA, Attikés Tilepikinonies SA), a las que asigna tareas (por ejemplo de apoyo técnico y administrativo, de la gestión de los peajes, de obras de mantenimiento de la carretera, de embellecimiento y forestación, etc), y les “paga” mensualmente unos millones de euros. Estos millones de euros aparecen en los presupuestos anuales de la empresa matriz (¡)como gastos (!), por lo que las ganancias de la empresa matriz siempre aparecen reducidas, mientras que las filiales presentan y distribuyen a sus accionistas (que son siempre los mismos que los de la empresa matriz) beneficios de cientos de millones de euros. En otras palabras, los ingresos son llamados gastos por la misma empresa, la cual mantiene la explotación de la carretera, y nosotros, como ciudadanos, somos chantajeados y llamados a contribuir a su enriquecimiento inaceptable e injusto, a través de los peajes exorbitantes que pagamos diariamente.

Todo lo anterior es aún más escandaloso, teniendo en cuenta el hecho de que las condiciones en el contrato de la concesión se establecieron calculando el número de coches que utilizasen la Vía Ática en el futuro, o sea unos 125.000, mientras que ya desde el tercer año de funcionamiento de la carretera y hasta el día de hoy, ¡el número de vehículos que han pasado por ella supera los 300.000!

Este contrato escandaloso, así como su aplicación aún más escandalosa, llamaron la atención a la Justicia, que, mediante el fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ordenó una investigación preliminar por delitos contra el Estado. Es destacable el hecho de que la señora fiscal que se encargó del asunto, llegó a la conclusión de que el contrato es literalmente, “leonino” (en perjuicio del interés público), pero no fue posible detectar si se habían cometido delitos penales. Sin embargo, ya la Fiscalía ha ordenado una nueva investigación, puesto que la ya expuesta “actividad empresarial” de la compañía, obviamente sobrepasa lo previsto en el contrato, así como los principios fundamentales de buena fe. De hecho, es realmente difícil detectar delitos penales, ya que se trata de un abuso, por parte de la empresa, de las condiciones del contrato de arrendamiento a su favor y en contra del interés público, pero sin tener puntos que se pudieran evaluar de sancionables. En el Derecho griego no se prevé una investigación de oficio por la Justicia en litigios civiles, y el contratado afectado, es decir el Estado griego, hasta el día de hoy se ha negado a recurrir a la vía judicial.

Los gobiernos de turno jamás denunciaron/modificaron el contrato de concesión, ni apelaron a los tribunales civiles, como lo deberían, a fin de demostrar que la susodicha actividad “empresarial” que les cambia de nombre a los ingresos, llamándolos «de acuerdo con la letra de la ley» gastos, es al menos abusiva y sobrepasa los límites de la buena fe, así como del contrato en vigor. Nunca recurrieron a los tribunales civiles para que se reconociera lo que ahora sabemos todos, ¡o sea que la compañía enriquece desproporcionadamente! En cambio, el gobierno recientemente se convirtió otra vez en asistente de la empresa, y contra el interés público promulgó una ley, según la cual es definida como violación del Código de Circulación la falta de pago de los depredadores y desproporcionados peajes.

A ambas partes contrincantes nos enfrentamos nosotros, los ciudadanos, que tenemos que abonar diariamente unos peajes exorbitantes para ir y volver de nuestro trabajo (2,80 + 2,80 = 5,60 euros), pues es un mito la alegación de la empresa y del gobierno que supuestamente podemos optar por otros caminos. De hecho, como señaló el Centro de Investigaciones Económicas del Ministerio de Desarrollo Regional, en un estudio publicado “el uso de la Vía Ática es un chantaje para el ciudadano“, a causa de la carencia de una red de transporte público y de una red vial alternativas. En realidad, el contrato de concesión funciona, con el consentimiento de ambas partes contrincantes, como un contrato en perjuicio y en contra de las personas que utilizan la carretera que ya han pagado, desde hace mucho tiempo.

Frente a esta flagrante injusticia, los trabajadores y residentes de los barrios de Atenas, hemos formado comités de lucha y hemos decidido luchar por la revelación de la verdad, la eliminación de los peajes y la entrega de la Vía Ática al Estado. Como medio de lucha y de presión, hemos decidido no pagar los peajes al pasar diariamente por ellos. Estimamos que el ejercicio, por parte de nosotros, de nuestro derecho a la libertad de movimiento, es la forma fundamental, legítima y justa de su defensa. Aún más, el gobierno, encomendado por la Constitución con el deber de defender los derechos de los ciudadanos, está en contra del interés público, protegiendo, inconstitucional, injusta e ilegalmente, los intereses económicos de esta empresa.

En el marco de nuestras movilizaciones y acciones colectivas, hemos expresado y expresamos nuestra solidaridad con cada conciudadano nuestro acusado y perseguido por esta compañía.

El gobierno, confrontando a los ciudadanos como el “pueblo enemigo”, estableció la cláusula susodicha del Código de Circulación, según la cual, si un policía de tráfico ve con sus mismos ojos la infracción de no pagar el peaje, pone una multa de 200e. Poco después, la empresa pasándose de la raya después de esta actitud del gobierno, comenzó a proceder a actos delictivos contra los conductores “desobedientes”, ¡guardándoles detenidos ilegalmente detrás de la barra, si se negaban a pagar o, simplemente, si no tenían dinero de pagar! Al mismo tiempo, abolió en la práctica, la cláusula prevista por la ley y por el contrato de la concesión, según la cual, si el conductor que pasa por los peajes comunica que no puede pagar, la empresa está obligada a emitir una nota de crédito estandarizada, con la cual el conductor pasa legalmente por la estación de peajes y paga el precio de los peajes en un plazo de diez días. Cientos de conductores se han quedado atrapados durante horas tras unas barras, exigiendo lo obvio. Del mismo modo, la otra parte de los contratantes, el gobierno, ordenó a los policías de tráfico pedirle al conductor que les comunicaba que no podía pagar, que levantara él mismo la barra para pasar por los peajes e inmediatamente después, de manera ilegal e injusta, que certificaran una multa por haber pasado (este conductor) sin abonar el peaje.

Miles de conciudadanos nuestros que sufren diariamente la pobreza y el descenso del poder adquisitivo de sus ingresos, fueron llamados de esta manera a pagar una multa de 200 euros por una infracción que nunca habían cometido, mientras que su exigencia de la detención de los responsables de su retención ilegal y de las sanciones puestas a la empresa que se niega a cumplir con su obligación legal, cayeron en oídos sordos…

El texto en griego.

Un comentario para “La historia escandalosa de la carretera de circunvalación de Atenas”

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